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El gobierno de Guatemala comenzó este martes a dialogar con diferentes sectores para "analizar" un nuevo presupuesto para 2021 después de que el Congreso suspendiera los efectos de lo aprobado la semana pasada y que fueron el detonante de varias jornadas de protestas en las que se exigían la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
La reunión es "para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten, como una iniciativa de ley que reforme el presupuesto 2021", cuya aprobación fue suspendida este lunes por el Congreso, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Giammattei dijo que el nuevo plan de gastos priorizará salud, desnutrición infantil, seguridad, justicia, educación y reactivación económica, dejando de lado el combate contra la pobreza, que afecta a 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, una de las demandas de la población.
El encuentro, celebrado en el antiguo palacio de gobierno, duró unas tres horas y participaron asociaciones civiles, centros de investigación, el sector empresarial, iglesias evangélicas y representantes de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
Como representantes del gobierno, acudieron el presidente y otros altos funcionarios, incluido el ministro de Finanzas (Hacienda), Álvaro González, responsable del fallido proyecto de presupuesto.
Giammattei no mencionó en su discurso las manifestaciones ni la quema de oficinas de la sede del Congreso el pasado sábado, cuando la policía reprimió las protestas, incluidas algunas pacíficas y a las que asistían menores de edad.
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El proyecto presupuestario original desató indignación y rechazo en diferentes sectores, que reclamaron que no tomaba en cuenta la lucha contra la pobreza y tampoco destinaba suficientes recursos a educación y salud.
Tras la aprobación del texto, miles de manifestantes exigieron de forma pacífica la renuncia de Giammattei, mientras un grupo de unas 100 personas incendió parte del Congreso.
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El Congreso unicameral, dominado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, había aprobado la semana pasada el presupuesto para 2021 propuesto por el Ejecutivo, de unos 12.800 millones de dólares. Pero dio marcha atrás en su decisión ante la ola de rechazo popular.
Con la suspensión del trámite, los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que rige en 2020, por unos 10.390 millones de dólares.
Siguen protestas
Aunque las manifestaciones han bajado de intensidad, dirigentes indígenas se congregaron este martes frente a la Casa Presidencial, la antigua sede del gobierno y el Congreso, para exigir la renuncia del mandatario y los diputados.
"Tenemos que luchar y si ellos no nos van a escuchar el pueblo tomará otras decisiones, siempre nos tienen marginados", comentó un dirigente indígena. Los indígenas representan más del 40% de la población.
El mandatario ha sido criticado por su propio vicepresidente, Guillermo Castillo, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.
El Congreso aprobó en marzo préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas 15% de esos recursos llegó a la población, según datos oficiales y de oenegés fiscalizadoras.